La política económica requiere aprobación legislativa. Es la mayor flaqueza del gobierno que inicia hoy, debida a la posición minoritaria de los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza. No es el primer comienzo con debilidad parlamentaria, pero será excepcional la duración de la situación.
Los casos anteriores no fueron tan graves y se debieron a coyunturas anormales. Fue destacada la transición anticipada entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem. La madurez de los radicales permitió que el riojano contara con legislación propia para comenzar su gobierno y así superar el desfase entre el 8 de julio, su asunción, y diciembre de 1989, cuando entrarían en funciones los nuevos legisladores. El 8 de julio de 1995 se cumplieron los seis años del período constitucional, pero para Menem en su segundo mandato eso no fue tan importante por los buenos resultados electorales del peronismo tanto en 1993 como en ese mismo 1995. Y para el futuro la reforma constitucional de 1994 había eliminado el desfase, Disposición Transitoria Décima mediante: “El mandato del Presidente de la Nación que asuma su cargo el 8 de julio de 1995 se extinguirá el 10 de diciembre de 1999”.
No es el caso de Javier Milei. Más allá de la buena voluntad de quienes reconozcan el resultado electoral las negociaciones serán fundamentales durante al menos dos años, hasta las elecciones de 2025. El sistema argentino está diseñado para amortiguar las revoluciones (o los vaivenes de la opinión pública) y de allí las renovaciones parciales, por las que Milei tiene poca fuerza parlamentaria.
Entonces, estará obligado a negociar si quiere respetar el marco institucional. Debe considerar para eso tres elementos clave. Uno es el ministro del Interior, porque en muchos casos diputados y senadores responden a los gobernadores de las provincias en las que fueron elegidos pues ellos usan el aparato estatal provincial para apoyar las listas oficialistas. Por lo tanto, será básico negociar con tales mandatarios. El segundo elemento se conforma con los cabezas de bloques y de Cámaras. Sus papeles son los de concluir los acuerdos, mantener la disciplina de los bloques y pactar la agenda legislativa. Finalmente está el apoyo popular, referencia última de los actores políticos.
Para ese apoyo los discursos iniciales serán esenciales. Dado el mal estado de la economía no habrá medidas sin costos. Incluso haciendo todo bien el año próximo será muy duro. Por lo tanto, el diagnóstico debe ser crudo y completo así quede claro que las propuestas se corresponden con la situación actual y sus consecuencias, para que no se vean costos desproporcionados. También debe brindarse una idea concreta de hacia dónde conducen las medidas, para que la población advierta que valen la pena. Porque aunque las cosas estén mal, casi como en 1989, hay que construir un nuevo relato pero sin engaños. En 1989 la economía había explotado y no hacía falta razonar mucho para creer en la necesidad de un cambio profundo. En 2015 el gobierno también recibió una economía quebrada, pero sin manifestaciones palmarias del desastre, y Mauricio Macri se equivocó al no describir con severidad lo que recibía. Ahora Milei está en un punto intermedio. Peor que 2015, no tan chocante como 1989.
Por eso también debe considerar la necesidad de exponer rápido algunos resultados. Porque lo esencial demorará en mostrar progresos. ¿Cómo pedir a las personas que sigan apoyando el rumbo? Con pequeñas victorias intermedias. Por ejemplo, la baja del gasto público será lenta. Hay que esperar las declaraciones de los próximos días, pero vayan algunas advertencias. En cuanto a recortes de gastos, en personal primero debe eliminarse un área del Estado, poner los trabajadores en disponibilidad, pagarles el sueldo durante un año y recién despedirlos, abonando las indemnizaciones correspondientes. Más rápido es no iniciar nueva obra pública, pero seguirían las erogaciones con la actual pues los contratos deben cumplirse. También se pueden reducir los subsidios económicos (o sea, subir tarifas), pero lleva tiempo concretar las audiencias públicas.
Para compensar eso deben mostrarse avances en otras áreas, como desregulación, administración de empresas públicas, rediseño de la estructura del Estado nacional o anulación de los nombramientos de última hora. Que los ciudadanos no se queden sólo con las promesas de un mañana mejor cuando el día a día no parezca insinuarlo.
Juega aquí la estrategia de proyectos. Se habla desde hace días de una “ley ómnibus”, un gran paquete de reformas esenciales. No es un buen camino. Sí, la presentación de las medidas debe generar un shock de confianza y eso requiere profundidad, completitud y coherencia. Sin embargo, hay dos problemas. Uno, mientras no culmine el debate del total no habrá nada cardinal en marcha, lo que demorará la aparición de resultados parciales.
El segundo es legal. Cuando el Congreso rechaza un proyecto no puede volver a tratarse en el mismo año parlamentario. Una negativa a la ley ómnibus antes del 29 de febrero de 2024 no sería grave; se insiste en el período que inicia el 1 de marzo. Pero si el rechazo es posterior a esa fecha los nuevos proyectos recién podrán presentarse desde el 1 de marzo de 2025. Ante ese riesgo es mejor ir por partes. Cualquier rechazo completo a un proyecto no lo será al plan de gobierno sino a un segmento de él.
Plan que como mínimo debería incluir prudencia fiscal y monetaria. Suele decirse desde la política “que los números cierren pero con la gente adentro”. Suena atinado. Pero la frase es más bien una excusa para no hacer ajustes. Y debe resaltarse que si los números no cierran la gente “se queda afuera”. Siempre. Claro que no pueden “cerrar” de cualquier forma, pero deben cerrar. Y no es gratis. Hoy sólo es posible con baja de gastos. Porque las alternativas son impuestos, deuda o inflación y cada una tiene grandes costos, sobre todo las dos últimas cuando son el método y no circunstancias. Es lo que vivimos.